A MIS HIJOS, LOS EDUCO YO         Porque soy su padre, y para algo los he traído al mundo. Con la colaboración de mi mujer, en total paridad. Así lo reconoce la Iglesia: Por haber transmitido la vida a sus hijos, los padres tienen el gravísimo deber y el derecho primario de cuidar, en la medida de sus fuerzas, de la educación física, social, cultural, moral y religiosa, de la prole (Código de Derecho Canónico, cc. 226 y 1136).          Lógicamente nosotros solos no podemos llegar a todo: no tenemos tiempo ni recursos suficientes. Por ello acudimos a la ayuda de las escuelas y colegios, así como del Estado y de los gobiernos autonómicos, y les confiamos a nuestros hijos pidiéndoles que nos apoyen en aquello en lo que nosotros no podemos. Es lo que se llama el principio de subsidiariedad: cuando no basta el esfuerzo de la familia, las autoridades públicas deben ayudarla completando la labor educativa. Pero, en todo caso, respetando nuestros desos y nuestra libertad. Esto significa que tanto los colegios como las autoridades deben tener en cuenta nuestras convicciones a la hora de contribuir con nosotros en la educación de nuestros hijos, especialmente en los aspectos más importantes de la educación, como son la formación moral y religiosa.         Sería un abuso intolerable que el Estado pretendiese imponer obligatoriamente en los colegios una educación moral de nuestros hijos al margen de nuestra elección o en contra de nuestras convicciones. Supondría una lesión gravísima del derecho inalienable que nos corresponde de elegir la formación moral que deseamos para nuestros hijos. El Estado estaría pasando la línea roja del principio de subsidiariedad con un intervencionismo excesivo: suplantando a los padres, estaría usurpando una función que no le corresponde.         Estaríamos de nuevo ante el viejo error en el que incurrieron los diversos totalitarismos del siglo XX, y de los que quedamos tan escarmentados. Ante tal eventualidad, no nos quedaría otra opción que defender, con todos los medios legítimos a nuestro alcance, el derecho que nos asiste de determinar la educación moral que deseamos para nuestros hijos, como nos recuerda el Concilio Vaticano II (Gaudium et spes 74, 5).