El ministro Caamaño trabaja en un proyecto de ley sobre libertad religiosa y de conciencia, sobre el que merece la pena llamar la atención. Según ha filtrado el diario gubernamental Público, “Justicia primará el cumplimiento de la ley sobre la objeción de conciencia”. Algunas perlas del borrador son las siguientes: 1) “ninguna convicción personal puede excusar del cumplimiento de la ley”; y 2) “es preciso crear espacios públicos de neutralidad religiosa”, “necesitamos reglas claras y nítidas para la libertad que reconoce el artículo 16 de la Constitución”. El titular de Justicia asegura, según estas fuentes, que “es necesario definir qué espacios concretos deben ser neutrales”. Entre ellos, “señaló como ejemplo la presencia de las confesiones en hospitales, cárceles o en instalaciones del Ejército”.

Como es evidente, averiguar qué hay detrás de esto de la “neutralidad religiosa” o desmontar el hecho de que la diosa Ley, como pasó en el siglo XVIII con la diosa Razón, deba estar por encima de las convicciones personales o la conciencia en asuntos como los derechos humanos, es inútil en tan pocas líneas. Tan sólo un par de consideraciones. El punto 1 del art.16 de la Constitución, que Caamaño conoce a la perfección, dice textualmente: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Y el 3 añade: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Intuyo que cualquier desarrollo del artículo 16 que efectúen el ministro y sus asesores contendrá restricciones a la libertad ideológica y religiosa. Un ejemplo. El titular del diario ya citado era éste: “España avanza hacia la aconfesionalidad”. Falso. La aconfesionalidad está recogida en la Carta Magna y rige las relaciones Iglesia-Estado y la libertad de los ciudadanos, aunque yo prefiero llamarles personas. Lo de ciudadano me recuerda al ciudadano Robespierre y a la guillotina. Lo que quiere el Gobierno es avanzar hacia un Estado confesionalmente laico, que relegue las propias convicciones al ámbito interno de la conciencia, que siempre deberá someterse a la diosa Ley y al dios Consenso, que dictarán ‘ad casum’ la mayoría parlamentaria y el Gobierno correspondiente. A nosotros sólo nos quedará agachar la cabeza… Lo complicado de estos asuntos es que los liberticidas salen siempre diciendo que queremos imponerles nuestras convicciones o creencias. No es así. No queremos ningún confesionalismo, ni católico, ni musulmán, ni judío, ni budista. Pero tampoco laico. El hecho religioso les molesta.