Cristianismo,
ciencia y política
Fernando
Pascual Para
algunos promotores de opinión, hay que excluir en las leyes y en los
laboratorios cualquier criterio ético que tenga sabor a cristiano. Nos
dicen que vivimos en una sociedad pluralista, por lo que la religión no
debería tener ninguna palabra a la hora de discutir normas que ayuden a
regular la vida pública, pues hay muchas personas que no tienen ninguna
fe. Con
estos argumentos se quiere silenciar, por ejemplo, a los que se oponen
al aborto, como si ir contra la supresión de una vida humana fuese idéntico
a imponer a la sociedad que respete una idea cristiana. Lo mismo se dice
en las discusiones sobre la reproducción artificial, sobre la
experimentación con embriones, sobre la clonación o sobre la
eutanasia. ¿Por
qué se relega fuera de los temas éticos, sociales y científicos todo
lo que huela a cristiano? Por un motivo muy sencillo: porque se cree que
el cristianismo alteraría la naturaleza de la verdadera política y de
la ciencia. La
suposición anterior, sin embargo, va contra una premisa que deberían
acoger la ciencia y la política: la necesidad de vivir abiertos a todos
los puntos de vistas, la búsqueda de fundamentos válidos sobre los que
pueda descansar el respeto que permite una auténtica convivencia
humana. Cuando
un científico, por ejemplo, no quiere escuchar nada sobre la dignidad
de los embriones, se está cerrando a un aspecto de la experiencia, está
actuando en contra del respeto de las reglas del método científico, y,
muchas veces, se niega incluso a pensar según lo que es propio de la
verdadera biología. La
ciencia verdadera es algo sumamente abierto. El científico quiere
conocer la realidad. Por lo mismo, no puede excluir ningún dato, ningún
elemento, ninguna posible experiencia del pasado o del presente que
pueda servir para elaborar una teoría científica. Excluir
a priori un punto de vista, un dato del pasado o del presente, significa
actuar de modo acientífico. En este sentido, la Iglesia es un ejemplo
de apertura a la ciencia, es un modelo de racionalidad. Desde
su fe en Cristo, la Iglesia ha descubierto la dignidad de cada ser
humano y se ha mantenido abierta al progreso de la investigación
humana. Muchos científicos han sido grandes creyentes. Podemos recordar
nombres como Copérnico, Galileo, Pasteur, Mendel, Lemaître. Su fe no sólo
no era un obstáculo para investigar, sino que muchas veces era un
aliciente para conquistar nuevas metas y poner al servicio de la
humanidad descubrimientos que podrían beneficiar a muchos. También,
es cierto, ha habido católicos que no han vivido de ese modo abierto,
cordial, científico. Galileo, por ejemplo, que era un profundo
creyente, se cerró en sus ideas y no fue capaz de considerar seriamente
la teoría de Kepler (más correcta que la suya) respecto a las órbitas
de los planetas. Algunos enemigos de Galileo, también creyentes, se
aferraron a algunos datos del pasado para criticar las teorías que la
ciencia estaba elaborando a partir de los nuevos descubrimientos. La
Iglesia, en cuanto “experta en humanidad”, está llamada a escuchar,
acoger, reunir y dialogar con científicos de todas las tendencias y de
todos los planteamientos. ¿Por qué, entonces, se margina o excluye en
algunos laboratorios y grupos de investigadores a cualquier persona que
actúe e integre en su trabajo su fe profunda en Cristo muerto y
resucitado? Lo
mismo vale para la política en cuanto destinada a buscar y promover el
bien común. Una política que excluya cualquier idea procedente del
cristianismo sería una antipolítica, pues dejaría de lado las
opiniones y energías de amplios grupos de personas que han acogido una
noticia fundamental para la vida de todos los seres humanos: la muerte y
resurrección de Cristo. Una noticia que ha revolucionado la historia
del planeta y que puede dar una riqueza y un dinamismo especial a la
vida social de aquellos pueblos que sean, realmente, abiertos y
tolerantes. Pero,
al lado de estas observaciones iniciales, hay que hacer una consideración
más profunda. Cuando un católico (o un creyente de otras religiones)
va contra la esclavitud, el aborto o la eutanasia, no defiende que se
imponga a la sociedad una norma que depende sólo de su visión
religiosa. Lo único que hace es pedir que se respete el derecho a la
vida y a la libertad de los seres humanos. Este derecho es tan
importante que, sobre el mismo, se construye toda la vida social. Un
estado que admite la eliminación de algunos hombres por parte de otros
(como ocurre en el aborto o la eutanasia) ha legalizado la barbarie, ha
destruido los mismos fundamentos de la vida democrática: es un
antiestado... En
cierto sentido, la defensa del valor de la vida por parte de los
cristianos nace de su conciencia de ser miembros vivos de la sociedad, células
activas que no pueden ser indiferentes ante la injusticia. Por eso un
político cristiano tendrá que trabajar por la disminución de los
accidentes de trabajo, por la remuneración equitativa de los
trabajadores (sean jóvenes o adultos, hombres o mujeres), por la
prohibición de sustancias tóxicas. ¿Es justo impedir que un cristiano
pueda defender estos aspectos de simple y clara justicia humana? Por lo
mismo, también pedirá que no se destruya o aborte a los embriones o
fetos con defectos, o que no se deje morir de hambre a los niños no
deseados por sus padres. La
fuerza de la fe en Cristo lleva a un mayor compromiso en la defensa de
los derechos humanos de todos los hombres y mujeres del planeta. El no
creyente podrá defender esos mismos derechos por un sentimiento de
justicia natural. El creyente lo hará, además, impulsado por la
caridad cristiana. No es una limitación, sino un enriquecimiento de la
vida social. Excluir a los cristianos de la vida pública es perder una riqueza enorme para el dinamismo de una sociedad. Acoger sus aportaciones permite construir sociedades verdaderamente justas, humanas, abiertas.■
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