La Iglesia se rebela contra las mordazas
La homilía de este domingo en la que el cardenal arzobispo
de Toledo, Monseñor Cañizares, ha advertido que los "juicios falsos e
injustos" contra la
Iglesia "jamás" lograran "silenciar su
palabra", bien puede interpretarse como una valiente e inamovible reivindicación
del derecho a la libertad de expresión por parte de la Iglesia Católica
frente a la nueva e intimidatoria campaña de descalificaciones, insultos y
falsedades desatada por el Gobierno de Zapatero a raíz del documento sobre las
elecciones del 9 de marzo que recientemente difundía la Conferencia Episcopal.
Vaya por delante que la Iglesia Católica,
como cualquier otra organización de la sociedad civil, tendría todo el derecho
a pedir abiertamente el voto para una concreta y determinada formación política.
El hecho cierto, sin embargo, es que a lo que se han limitado los obispos, como
en tantas otras ocasiones, es a hacer una clara y firme defensa de los valores
morales de su fe al tiempo que un llamamiento a los católicos a "valorar
responsablemente las distintas ofertas políticas" teniendo en cuenta que
"no todos los programas son igualmente compatibles con la Fe y con las exigencias de la
vida cristiana".
La defensa del matrimonio como unión heterosexual, monógama
e indisoluble, o del derecho a la vida desde el mismo momento de su concepción
o del derecho de los padres a formar a sus hijos de acuerdo con sus
convicciones religiosas son principios que la Iglesia Católica
viene reclamando en todo momento y lugar, y no tendría sentido que los obispos
no llamaran a los católicos a tenerlo en cuenta de cara a estas elecciones.
Lo que resulta delirante es que el Gobierno de Zapatero
finja no haber legislado ni tratado de volver a legislar contra esos valores
que defiende la
Iglesia Católica, al tiempo que descalifica y manipula lo que
dicen los obispos en el referido documento.
Tal es el caso de la supuesta utilización política del
terrorismo. Lo cierto es que no ha sido la Conferencia Episcopal
sino el propio Zapatero el que ha confesado que, a diferencia de todos los
gobiernos anteriores, sus representantes sí mantuvieron un "diálogo
político" con los terroristas. Los obispos lo único que han dicho es algo
tan elemental como que "una sociedad que quiera ser libre y justa no puede
reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como
representante político de ningún sector de la población, ni puede tenerla como
interlocutor".
No por conocida resulta menos manipuladora la insistencia de
los miembros del Gobierno al hacer creer que lo que lo que dice la Conferencia Episcopal
en sus recomendaciones no es lo que defiende la Iglesia Católica
en sus conjunto, sino sólo veinte de sus obispos, tal y como han querido dar a
entender Bono o Moratinos.
También resultan ya conocidas las veladas amenazas lanzadas
desde los aledaños del Gobierno de derogar los acuerdos Iglesia Estado, como si
el dinero que los contribuyentes pueden dirigir al mantenimiento de la Iglesia pudiera servir al
Gobierno para estrangular la libertad de expresión de los católicos.
En cualquier caso si, tal y como ha advertido Monseñor
Cañizares, ningún "juicio falso e injusto" lograra jamás
"silenciar" a la
Iglesia, menos aun lo habrá de conseguir el dinero público.
4-II-2007
libertaddigital.com