La
traición de naciones “católicas” en la ONU
Piero
A. Tozzi | C-FAM Un
análisis del modo en que
los
países votaron respecto de nuevas categorías protegidas de la
discriminación basadas
en la «orientación sexual y la identidad de género» el pasado
mes de diciembre, durante una resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, revela una emergente alineación mundial en torno a
asuntos sociales polémicos que incorpora a naciones tradicionalmente
católicas a las filas de los «progresistas» sociales. Una
victoriosa alianza de naciones socialmente conservadoras que tuvo por
eje a África, el mundo islámico y algunas partes del Caribe de habla
inglesa votó a favor de la supresión de la referencia de un «Comentario
General» realizado por un órgano creado en virtud de un tratado. La
facción derrotada estuvo encabezada por naciones desarrolladas: países
de la Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los Estados
Unidos. Lo que resulta significativo, sin embargo, es que muchas
naciones tradicionalmente católicas se plegaron a este último grupo. Una
gran cantidad de países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia,
Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) a las que se
sumaron naciones como Filipinas, votaron a favor de mantener la
referencia al Comentario que incluye las nuevas categorías. Los
términos «orientación sexual e identidad de género» son
controvertidos, porque jamás fueron aprobados en ningún documento
legalmente vinculante ni se encuentran claramente definidos. Además,
son propiciados por activistas que promueven una agenda amplia de
derechos homosexuales. Los
críticos sostienen que una vez aceptadas la orientación sexual y la
identidad de género como categorías protegidas de la discriminación,
surgirá un nuevo derecho que se impondrá sobre los derechos
tradicionales a la libertad religiosa y de expresión, como ya ocurrió
en países como Suecia,
Canadá
y
los
Estados
Unidos. El
cambio de rumbo por parte de las delegaciones latinoamericanas fue
marcado. Durante la Conferencia de la Mujer de Beijing en 1995, los
representantes de la región, particularmente los de América Central,
se opusieron con éxito a que se utilizaran definiciones expansivas de
la palabra «género» que no estuvieran referidas a los dos sexos biológicos.
No obstante, en los últimos años, los progresistas predominaron en
ciertas delegaciones iberoamericanas e impulsaron agendas en la ONU que
a menudo encuentran resistencia en sus países de origen. Es
así que, durante la reunión de la Comisión de Población y Desarrollo
del año pasado,
un
delegado de Honduras afiliado
al grupo activista lésbico Cattrachas promovió un lenguaje
interpretado de modo tal que incluye una multiplicidad de modelos de
familia que van más allá de la tradicional encabezada por un hombre y
una mujer unidos en matrimonio. La
desconexión entre las posiciones asumidas en la ONU y la postura
interna de dichos países quedó de manifiesto tras la votación de la
Asamblea General, en diciembre. La República Dominicana, por ejemplo,
recientemente reformó su Constitución para proteger el concepto
tradicional de matrimonio en lo que fue considerado un revés para los
proponentes de los derechos homosexuales. En Filipinas, país de inmensa
mayoría católica, un proyecto de ley por el que se pretendía
penalizar la discriminación basada en la orientación sexual y la
identidad de género sucumbió en la legislatura, lo cual indujo a sus
proponentes a exigir que los
«accionistas
dentro y fuera de Filipinas» ejercieran
presión. A
pesar de la aparente solidez de los bandos existentes en cuestiones
sociales, persiste cierta fluidez. En la votación sobre orientación
sexual del pasado mes de diciembre en la Asamblea General, Cuba
(comunista) y Nicaragua (de tendencia de izquierda) apoyaron la
eliminación de la referencia, Venezuela estuvo ausente y Brasil y
Bolivia se abstuvieron. Fuentes de información consideran que sus
posiciones podrían, en cierta medida, reflejar solidaridad entre las
naciones en desarrollo, más que posturas sobre los méritos de la
resolución. Un
delegado informó a Friday Fax que los europeos estaban «demasiado
confiados» antes de la votación y no tuvieron en cuenta el
resentimiento que genera en muchos lugares del mundo la promoción
agresiva de nuevas normas.
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