Fuente: el país .com 31/08/2010

Extracto

La derecha más liberal y la izquierda más progresista están de acuerdo en una misma reforma. Hay que legalizar la prostitución. Para el liberal, el Estado no puede prohibir el intercambio voluntario de servicios entre adultos a cambio de dinero. Para la progresista, el Estado debe garantizar a las "trabajadoras del sexo" la salvaguarda de sus derechos. Para ambos, la regularización, al hacer aflorar una economía sumergida, reduciría tanto el tráfico ilegal de personas como los abusos y las condiciones de explotación en las que viven muchas prostitutas. Y, de paso, podríamos recaudar impuestos, que nos viene muy bien en tiempos de crisis. ¿Algo que objetar a esta conjunción de las mejores virtudes del mercado libre y del Estado regulador-protector?

Me temo que sí. La dificultad de obtener datos sobre un negocio tan oscuro como la prostitución es la perfecta justificación para que tanto el liberal como la progresista den rienda suelta a sus teorías sin tener que ofrecer evidencia empírica. Para el liberal, la bondad del mercado libre hará que mafiosos esclavistas se conviertan de un día a otro en respetables empresarios del sexo y puedan "contratar a las trabajadoras en origen y pagarles el viaje de ida y vuelta, eliminando así el negocio del traficante". Para la progresista, la bondad del Estado actuará "promoviendo la existencia de espacios sin amos, que despojen al proxeneta de su funcionalidad".

Pero los datos disponibles señalan que tanto la legalización de la prostitución (propuesta por liberales y progres) como la situación actual de relativa alegalidad (y defendida de facto por PSOE y PP) producen resultados peores que una tercera alternativa con pocos padrinos en nuestro país: la criminalización del cliente. Y es que tenemos evidencia cada vez más sólida de que actuar sobre la demanda de la prostitución (es decir, castigando al cliente) en lugar de sobre la oferta (es decir, regulando la prostitución, como proponen liberales y progresistas) tiene efectos positivos.

Liberales y progresistas asumen que existe una demanda varonil elevada y relativamente fija de servicios sexuales. Dicha demanda sería el resultado de diferencias entre hombres y mujeres, ya sean de índole biológica (para los liberales) o cultural (para los progresistas). Por ello, prohibir la demanda solo conduciría a un desplazamiento de la prostitución de la calle o del burdel a lugares más siniestros. Pero la experiencia de otros países desafía estas asunciones simplistas sobre la naturaleza varonil, pues la demanda -oh, sorpresa- cae en picado cuando se penaliza la compra de sexo. Por ejemplo, pocos años después de la puesta en marcha, en 1999, de una política de penalización al cliente en Suecia, se calcula que el número de prostitutas se había reducido entre un 30% y un 50%, y el de clientes entre un 75% y un 80%.

La caída de la demanda en países prohibicionistas como Suecia ahoga a la oferta, especialmente la que proviene del negocio más sucio que prolifera en el mundo globalizado actual: el tráfico de mujeres (y niñas) con fines sexuales -que representa, de acuerdo con Naciones Unidas, un 87% de los cuatro millones de seres humanos que son explotados como esclavos anualmente. Así, mientras los traficantes de esclavas sexuales logran introducir anualmente entre 400 y 600 víctimas en Suecia para saciar los apetitos sexuales de aquellos ciudadanos que son capaces de arriesgarse a una pena por comprar sexo, en las vecinas Finlandia o Dinamarca, con la mitad de la población, pero con leyes más permisivas hacia la prostitución, las mafias podrían estar infiltrando hasta 15.000 víctimas al año. Empujados por la elocuencia de estos datos, los políticos nórdicos, sobre todo finlandeses y noruegos, están optando por la "vía sueca", empezando a criminalizar la compra de sexo.

En un análisis de 30 países, estos mismos autores señalan que allí donde hay un mayor reconocimiento legal de la prostitución también existe un mayor tráfico de esclavas sexuales. O sea, exactamente lo contrario de lo que predicen el liberal y la progresista.

Las razones son obvias. Donde la compra de sexo es ilegal, los costes en los que incurren las mafias esclavistas de mujeres para garantizar a los clientes que no serán descubiertos y penalizados se vuelven demasiado altos. En conversaciones interceptadas por la policía, los propios traficantes, que no dejan de ser hombres de negocios, admiten que no vale la pena trabajar en los países prohibicionistas. Es más sencillo operar en lugares como Holanda, Alemania o España, donde, ya sea de forma legal o alegal, todo el que quiere comprar sexo lo puede hacer en un instante, de forma sencilla y sin riesgo a ser castigado.

Los estudios también apuntan a que cuando la prostitución se regula como una actividad económica más, los abusos sobre las libertades individuales de las prostitutas no decrecen, como pretenden hacernos creer liberales y progresistas, sino que aumentan. Con la regularización de la prostitución, los traficantes de seres humanos, experimentados en tergiversar la voluntad de jóvenes y de niñas, encuentran una fachada legal perfecta con la que cubrir sus actividades delictivas. Por una parte, no les cuesta "convencer" a muchas víctimas potenciales, mediante las manipulaciones físicas y psicológicas más perversas, para que se registren como trabajadoras del sexo. Por otra parte, ¿alguien espera que el crimen organizado empiece a pagar impuestos y declare sus actividades más lucrativas, como la prostitución de menores o los depravados tratamientos hormonales a los que son sometidos muchas prostitutas? Encontramos ejemplos de legalizaciones de la prostitución con resultados perversos en todo el mundo, desde Alemania a Australia, pasando por Nevada en Estados Unidos. Una consecuencia frecuente de regularizar la compra de sexo es que, mientras el número de burdeles legales crece, los negocios ilegales -por ejemplo, con prostitutas menores de edad- se multiplican.

Un estudio en nueve países encontró que del 60% al 75% de las mujeres que ejercen la prostitución han sido violadas, del 70% al 95% físicamente agredidas y un 68% presentan síndromes de estrés postraumático similares a los de los veteranos de guerra bajo tratamiento psiquiátrico. Si alguien nos mostrara que alguna profesión reconocida produce secuelas físicas, mentales y emocionales solo remotamente similares, solicitaríamos la inmediata ilegalización de la misma.

Por todo ello, hay motivos para pensar que legalizar la actividad contribuiría a que se violaran más derechos básicos de un mayor número de mujeres. Siguiendo criterios serios para evaluar políticas públicas, la única medida que parece efectiva para combatir el tráfico y la esclavitud con fines sexuales es criminalizar la compra de sexo. Ya es hora de que esta medida se estudie seriamente en España.

Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.

Autor: Víctor Lapuente Giné- Fecha: 2010-09-03