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Ocho argumentos para no legalizar las drogas
La experiencia en Estados Unidos y España demuestra que la
educación, la prevención y la lucha contra la producción y el uso
de estupefacientes reducen las estadísticas de consumo
Víctor Ruiz
El
pasado 30 de septiembre, la presidenta de Hay
que legalizar “las prostitutas y los prostitutos, que a veces se nos
olvida que hay prostitutos […] Soy partidaria de legalizar la
prostitución […] Si alguien quiere pagar por el sexo, no veo
por qué lo debemos prohibir”, dijo en respuesta a las preguntas del
director de El Mundo, Pedro J. Ramírez. En
este sentido, habría que recordarle a Aguirre que presentar la
prostitución como una actividad que puede legalizarse es aceptar que
puede haber una salida
legal al tráfico de seres humanos. ¿Legalizar
las drogas?
La
presidenta de “Hay
que plantearse muy en serio lo que ha propuesto Felipe González”,
concluyó Esperanza Aguirre. Sin
embargo, la experiencia vivida en países como Estados Unidos y España
por ejemplo, demuestra que la educación, la prevención y la lucha
contra la producción y el uso de estupefacientes reducen las estadísticas
de consumo. Por
otra parte, no deja de sorprender que Felipe González plantee ahora
una legalización de las drogas que en ningún momento propuso cuando
fue presidente del Gobierno. En
cualquier caso, ante el debate sobre si la mejor forma de combatir los
estragos que causan las drogas, sobre todo entre los más jóvenes, es
su legalización o la lucha contra ese fenómeno, hay suficientes
razones de peso para recordar por qué están prohibidas y por qué
deben seguir estándolo. Ocho
argumentos en contra
De
su artículo ‘El error de legalizar la venta de drogas’, en el que
recuerda que los capos de la droga mueven “un negocio ilegal de más
de 250.000 millones de dólares al año y que abastece a 250 millones
de usuarios en el mundo”, se pueden extraer ocho argumentos para
no legalizar las drogas. 1.
Es del todo impensable “una sociedad indiferente que admita la
posibilidad de ver destruirse a una buena parte de sus miembros de
forma legal”. 2.
La regulación de las drogas a nivel mundial no podrá evitar “las fórmulas
ilegales (mafias) que hagan llegar la droga a los menores, por
ejemplo”. 3.
Aunque se llegara a un consenso sobre ejercer un férreo control
estatal sobre el tráfico de drogas, esto “no podrá ser afrontado
por la mayoría de países, con gobiernos débiles y escasos recursos
para imponerlo”. 4.
El Informe Mundial de 2010 de Así,
Estados Unidos “ha reducido el consumo al ritmo en que se destruían
plantaciones en Colombia”. Hay que recordar que EE. UU. es el mayor
comprador de cocaína a este país. De 10,5 millones de consumidores
que tuvo en los ochenta ha pasado a 5,3 millones en 2008. Por
el contrario, Europa, que se abastece de cocaína en Perú y Bolivia,
duplicó sus consumidores de 5.
El Plan Nacional de Drogas en España pasó del Ministerio de Interior
al de Sanidad en 2004. Desde entonces, ese paso de compartir un
control policial con un enfoque sanitario y de prevención ha bajado
las cifras de consumo en España. “El
consumo de cannabis cayó del 11,2 al 9,2 de cada 100 adultos que lo
han consumido en el último año. Del 36,6% al 29,8% en menores”,
cita Berna González en su artículo. Es
decir, “la combinación de la represión […] y la
prevención del consumo, la educación para aumentar la percepción
del riesgo entre la población, dan frutos innegables”, añade. 6.
En ese sentido, “ningún Gobierno puede claudicar anta una lacra que
contribuye con fiereza al fracaso escolar, que perjudica la salud y
que sume a una buena proporción de la población en la apatía
social”. 7.
Las drogas, pues, “no son sujetos de derecho, merecedores de un
tratamiento de igualdad que cimiente su lucha por una legalidad
universal”. Al mismo tiempo, “tampoco drogarse parece que sea un
derecho reconocido en Cartas ni Constituciones”. 8.
Por último, la subdirectora de El País concluye señalando que “si
hay una colisión entre dos utopías”, es decir entre los
partidarios de legalizar las drogas y los de prohibirlas para acabar
con el problema, “la obligación de los Gobiernos debe ser
navegar en el rumbo hacia la que garantice mejor la salud e integridad
de su población”.
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