Relativismo, verdad y democracia

Fernando Pascual

Algunos analistas y sociólogos piensan que el fin del comunismo soviético y la caída de dictaduras conservadoras o fascistas implican el triunfo de un modelo de vida social y política, basada en la democracia, la economía del mercado y el relativismo cultural.

¿Corresponden estos análisis a la situación real? Responder no es fácil, pues nos falta la distancia necesaria para juzgar de modo más o menos objetivo nuestro momento histórico. Queremos ahora fijarnos en la relación que algunos dicen encontrar entre relativismo y democracia, como si no pudiera existir la segunda sin el apoyo del primero.

El relativismo es una doctrina que defiende que no existen verdades absolutas. Por lo mismo, quedan solo opiniones “relativas” según los distintos puntos de vista, sin que nadie pueda creer que “su verdad” pueda ser mejor que la que piensen o digan los demás.

En la vida política el relativismo defiende que las distintas opiniones (partidos, grupos de poder, ideologías, etc.) participan y se confrontan entre sí sin que ninguna pueda ser reconocida como “mejor” o “superior” a las demás opiniones, como si todas fuesen de igual valor, al menos en principio. Luego, son los votos de la gente y de los parlamentos quienes “deciden” qué opción se impone durante unos años a toda la sociedad a través de leyes y decisiones de gobierno.

Entonces, según el relativismo, a la hora de discutir sobre política o economía, sobre religión o ética, sobre familia y vida, nadie debería pensar que tiene más razón que los demás. Cada uno debería entrar en el debate con una actitud de “humildad”: tengo un punto de vista, pero no puedo creer que mi propuesta sea mejor que la ofrecida por los otros. Simplemente, la ofrezco para que, a través del diálogo y del debate, al final lleguemos a un acuerdo sobre lo que esté o no esté permitido en nuestra sociedad. O, si no llegamos al acuerdo, que los votos decidan...

Presentado de esta forma, parecería que el relativismo coincide con el presupuesto fundamental de las democracias modernas. En realidad, la cosa no es tan sencilla, porque la mayoría de las democracias suponen diversos elementos irrenunciables e indiscutibles, lo cual muestra que un relativismo absoluto es difícilmente aplicable en la práctica.

Pensemos, por ejemplo, en el racismo. En casi ninguna democracia se concede libertad de expresión y espacio en las listas electorales a aquellos grupos que defienden y promueven la discriminación de algunas razas o grupos y buscan aumentar los privilegios para otros. No porque no falten, por desgracia, personas racistas, sino porque aunque existan posiciones de ese tipo no debe permitirse nunca que puedan difundir sus ideas y sus antivalores.

Este ejemplo nos hace ver que nuestras democracias se construyen sobre algunos valores básicos, sin los cuales pondríamos en serio peligro la convivencia y la paz social de los pueblos.

Otros valores que también son básicos, sin embargo, han sido puestos en discusión por un abuso en la práctica de los mecanismos democráticos. Es triste constatar, por ejemplo, que numerosos parlamentos de los “países libres” han aprobado leyes que despenalizan o legalizan el aborto, en algunos casos con la financiación estatal, como si se tratase de un normal servicio de salud, cuando en realidad se trata de suprimir una vida humana no nacida.

En otros lugares los parlamentos han promulgado leyes que permiten el despido casi libre de los trabajadores, o medidas que han perjudicado a la pequeña y mediana empresa, o planes de “desarrollo” que han empobrecido a miles de personas. Incluso hay gobiernos que, con el apoyo de los “representantes del pueblo”, inician guerras sumamente peligrosas y, muchas veces, injustas.

La democracia no puede consistir, por lo tanto, en un simple juego de poder en el que los ciudadanos votan por cualquier lista política sin tener en cuenta que existen principios irrenunciables sin los cuales no existe verdadera democracia.

Hace falta, por lo mismo, reconocer una serie de derechos mínimos, que llamamos normalmente “derechos humanos”, sin los cuales cualquier sistema político corre el riesgo de avanzar hacia la destrucción de la vida social y, lo que es peor, hacia el hambre o la muerte de miles de seres humanos inocentes. Poner en duda tales derechos en nombre del relativismo es contradecir la esencia misma de la democracia.

Conservan toda su fuerza las palabras que escribía, en 1991, el Papa Juan Pablo II: “Si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia” (Juan Pablo II, carta encíclica “Centesimus Annus”, n. 46).

Benedicto XVI volvió sobre estas ideas en un discurso dirigido a los miembros de la Comisión Teológica Internacional, el 5 de octubre de 2007. Tras señalar la existencia de “una concepción positivista del derecho” según la cual “la humanidad, o la sociedad, o de hecho la mayoría de los ciudadanos se convierte en la fuente última de la ley civil”, lo cual implica buscar el poder y dejar de lado el bien, el Papa añadía:

“En la raíz de esta tendencia se encuentra el relativismo ético, en el que algunos ven incluso una de las condiciones principales de la democracia, pues el relativismo garantizaría la tolerancia y el respeto recíproco de las personas. Pero si fuera así, la mayoría de un momento se convertiría en la última fuente del derecho. La historia demuestra con gran claridad que las mayorías pueden equivocarse”.

Benedicto XVI quería, a través de este discurso, subrayar la validez de la teoría de la “ley moral natural” para evitar graves injusticias y para anclar la democracia en principios verdaderos e irrenunciables. Sus palabras en el discurso anteriormente citado fueron suficientemente claras: “Si por un trágico oscurecimiento de la conciencia colectiva el escepticismo y el relativismo ético llegaran a cancelar los principios fundamentales de la ley moral natural, el mismo ordenamiento democrático quedaría radicalmente herido en sus fundamentos”.

No debemos tener miedo, por lo tanto, a defender los verdaderos valores en los que vida democrática encuentra su fundamento seguro, especialmente aquellos valores que nos llevan a proteger la vida y la integridad de cualquier ser humano, desde que nace hasta que muere. De esta forma, los miembros de la sociedad quedarán al reparo de manipulaciones y de arbitrios por parte de quienes buscan imponer la propia ideología de turno, y se verán respetados en su dignidad y en sus derechos básicos, que anteceden y que posibilitan la convivencia social y el progreso de los pueblos